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Published on 24 June 2026 by Chytrá Energie

La decisión de las autoridades polacas de prolongar la extracción de lignito en la mina de Turów hasta 2044 ha reavivado una de las disputas medioambientales y legales más intensas de Europa Central. A pesar de las protestas de la República Checa, las advertencias de la Unión Europea y las demandas de organizaciones ecologistas, el gobierno polaco ha optado por mantener en funcionamiento un yacimiento que abastece a la central eléctrica de Turów, responsable de una parte significativa de la contaminación atmosférica en la región fronteriza. Greenpeace, junto con otras entidades, ha anunciado que recurrirá ante los tribunales para impugnar una decisión que considera contraria a los compromisos climáticos y a la legislación ambiental europea.

El contexto: una mina en el corazón de Europa

La mina de lignito de Turów se encuentra en el suroeste de Polonia, a escasos kilómetros de la frontera con Alemania y la República Checa. Inaugurada en 1904, es una de las explotaciones a cielo abierto más antiguas y grandes del continente, con una superficie que supera las 2.400 hectáreas. Su producción alimenta directamente la central térmica de Turów, que genera alrededor del 5% de la electricidad de Polonia y es una de las mayores fuentes de emisiones de dióxido de carbono del país.

El lignito, también conocido como carbón pardo, es un combustible fósil de baja calidad que produce más CO2 por unidad de energía que la hulla. Su extracción a cielo abierto implica la eliminación de la capa vegetal, la desecación de acuíferos y la generación de enormes cantidades de polvo y ruido. Durante décadas, los habitantes de las localidades checas y alemanas cercanas han denunciado la pérdida de agua potable, el hundimiento del terreno y el deterioro de la calidad del aire.

La prolongación: una decisión controvertida

En 2020, el gobierno polaco otorgó a la mina una concesión para seguir operando hasta 2026, pero posteriormente aprobó una ampliación hasta 2044. Esta decisión fue adoptada a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había ordenado en mayo de 2021 el cese inmediato de la actividad minera, al considerar que Polonia no había evaluado adecuadamente el impacto ambiental transfronterizo. Varsovia se negó a acatar la orden, alegando que pondría en riesgo la seguridad energética del país, y finalmente llegó a un acuerdo con Praga en 2022 que incluía compensaciones económicas y medidas de mitigación.

Sin embargo, la prolongación hasta 2044 va mucho más allá de lo pactado y ha sido calificada por los críticos como un «hecho consumado» que ignora tanto el acuerdo bilateral como las obligaciones climáticas de Polonia. La decisión se tomó sin una nueva evaluación de impacto ambiental completa y sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas, según denuncian las organizaciones ecologistas.

«Es una decisión que hipoteca el futuro de la región y de todo el planeta. Prolongar la quema de lignito hasta 2044 es incompatible con cualquier escenario climático creíble», declaró un portavoz de Greenpeace.

Greenpeace acude a los tribunales

Greenpeace ha anunciado que presentará una demanda ante los tribunales administrativos polacos y, si es necesario, ante el TJUE, para impugnar la legalidad de la prolongación. La organización argumenta que la decisión viola la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental de la UE, el principio de precaución y los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Además, sostiene que el gobierno polaco no ha tenido en cuenta los impactos acumulativos de la mina sobre los recursos hídricos transfronterizos.

No es la primera vez que Greenpeace y otras organizaciones como Frank Bold o ClientEarth llevan a Polonia ante los tribunales por Turów. En 2021, el TJUE impuso una multa diaria de 500.000 euros a Polonia por no acatar la orden de cierre, multa que se mantuvo hasta que se alcanzó el acuerdo con la República Checa. Ahora, la batalla legal se centra en la validez de la nueva concesión y en la obligación de realizar una evaluación ambiental estratégica que considere alternativas reales, como la transición hacia energías renovables.

Impactos ambientales y sociales

Los efectos de la mina de Turów se extienden mucho más allá de sus límites físicos. La desecación de los acuíferos ha provocado una disminución drástica del nivel freático en un radio de decenas de kilómetros, afectando a pozos, manantiales y ecosistemas fluviales en la República Checa y Alemania. Estudios independientes han documentado la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire por partículas finas y la emisión de gases de efecto invernadero equivalentes a las de varios millones de automóviles al año.

Las comunidades locales, tanto polacas como checas, han visto cómo sus casas se agrietaban por los hundimientos y cómo sus tierras agrícolas perdían productividad. A pesar de las compensaciones económicas prometidas, muchos residentes consideran que el daño es irreversible y que la prolongación de la mina solo agrava la situación. La salud pública también se ve afectada: los episodios de smog y polvo en suspensión se han asociado con un aumento de enfermedades respiratorias en la región.

La dimensión energética y climática

Polonia sigue siendo uno de los países más dependientes del carbón de la Unión Europea. Aproximadamente el 70% de su electricidad proviene de este combustible fósil, y el gobierno ha defendido históricamente la minería como una cuestión de seguridad energética y empleo. Sin embargo, esta postura choca frontalmente con los objetivos climáticos de la UE, que exigen una reducción drástica de las emisiones para 2030 y la neutralidad climática para 2050.

La prolongación de Turów hasta 2044 supone un obstáculo importante para la transición energética polaca. Mientras otros países europeos aceleran el cierre de centrales de carbón y apuestan por las renovables, Polonia se aferra a un modelo energético obsoleto que, además, resulta cada vez más caro. Los costes de las emisiones de CO2 en el mercado europeo de derechos de emisión han aumentado significativamente, lo que encarece la electricidad generada con lignito y hace que la prolongación de la mina sea económicamente cuestionable a largo plazo.

En este contexto, la decisión sobre Turów no solo afecta a la región fronteriza, sino que envía una señal negativa sobre el compromiso de Polonia con la lucha contra el cambio climático. Como se analiza en Potvrzeno evropske fondy dovoz fosilnich paliv nepodpoi, la UE ha dejado claro que los fondos europeos no financiarán proyectos basados en combustibles fósiles, lo que aísla aún más a Polonia en su apuesta por el lignito.

Reacciones internacionales y perspectivas

La prolongación de la mina de Turów ha sido criticada por el Parlamento Europeo, que en varias resoluciones ha instado a Polonia a respetar las sentencias del TJUE y a acelerar la transición energética. La Comisión Europea también ha expresado su preocupación por el incumplimiento de la legislación ambiental y ha recordado que Polonia podría enfrentarse a nuevas sanciones si no rectifica.

La República Checa, aunque llegó a un acuerdo en 2022, ha manifestado su malestar por la decisión unilateral de prolongar la concesión. El nuevo gobierno checo, más escorado hacia la derecha, ha adoptado un tono más conciliador, pero las organizaciones ecologistas checas mantienen la presión y podrían unirse a la demanda de Greenpeace. Alemania, por su parte, ha mostrado su solidaridad con las comunidades afectadas y ha pedido una evaluación ambiental transfronteriza rigurosa.

La batalla legal promete ser larga y compleja. Greenpeace confía en que los tribunales europeos vuelvan a darle la razón, como ya ocurrió en 2021. Sin embargo, el gobierno polaco ha demostrado su disposición a ignorar las sentencias cuando considera que están en juego intereses nacionales. La resolución final podría sentar un precedente importante para otros casos de minería de carbón en Europa y para la aplicación efectiva del derecho ambiental comunitario.

¿Qué futuro le espera a Turów?

Más allá de la disputa legal, el futuro de la mina de Turów está íntimamente ligado al devenir de la política energética polaca. El país ha comenzado a dar pasos tímidos hacia las energías renovables, especialmente la eólica marina y la solar, pero el carbón sigue siendo el pilar de su sistema eléctrico. La prolongación de Turów hasta 2044 es, en gran medida, una declaración de intenciones: Polonia no renunciará al carbón mientras no tenga garantizado un suministro alternativo estable y asequible.

Sin embargo, la presión internacional y los compromisos climáticos hacen cada vez más difícil mantener esta postura. La UE ha condicionado los fondos de recuperación a la presentación de planes creíbles de descarbonización, y Polonia ha tenido que aceptar ciertas condiciones para acceder a ellos. Además, la opinión pública polaca está cambiando lentamente: una mayoría creciente apoya la transición hacia fuentes de energía más limpias, aunque el temor al desempleo en las regiones mineras sigue siendo un obstáculo.

La decisión sobre Turów es, en última instancia, una prueba de fuego para la credibilidad climática de Polonia y para la capacidad de la UE de hacer cumplir sus propias normas. Mientras tanto, las comunidades fronterizas seguirán soportando las consecuencias de una mina que, según los ecologistas, debería haber cerrado hace años. La demanda de Greenpeace es solo el último capítulo de una larga batalla por el futuro energético de Europa.

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